Fondo, Reparaciones y C.. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. de G.V. "Artículo 45. 77. Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte en sesión de siete de julio de dos mil catorce, bajo la ponencia del M.A.Z.L. �;��s) T�8*nA�����7d�����O�.�������W�X���b���� ��_��'�� 9��]֓�'e�ay�AqYi&FTJ[i�8��S����-��E�Y�oul��Q�C��=� տ�/M����G@g��÷�����j�@F��JY[�����w��4��}�������b�a���0�Q�HB5wO��� Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. M. de J.M.D. "1. adj. 43. endobj Serie C No. "Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes: "I. , visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, p. 802, con registro electrónico: 2011693. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, ‘en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación’ ... de modo que ‘toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones’ ... . Prácticas comerciales agresivas.". 18. El primero de ellos tiene que ver con los sujetos y el contenido de estas libertades. Finalmente, menciona que la expresión "a quien... agreda" es ambigua y tampoco supera el estándar de taxatividad, para lo cual señala que le son aplicables los mismos vicios de la expresión "a quien amenace"; es decir, que dependerá del sujeto agredido –o de la autoridad ministerial o judicial– considerar efectivamente como agresión la intención del sujeto activo de causarle algún mal al pasivo. Por ello, en el presente caso se tiene por presentada únicamente por dieciséis diputados, mismos que equivalen al treinta y dos por ciento (32 %) de los integrantes del Congreso Local. "Artículo 14. 84. 215. Derivado de las consideraciones anteriores, este Tribunal Pleno estima que en relación con los tres puntos antes analizados, la. y K.V.G.C., para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Fallada el seis de julio de dos mil quince, por mayoría de siete votos de los señores Ministros G.O.M., Z.L. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 10 puntos a tener en cuenta antes de asistir a un evento de capacitación (sólo para las personas debidamente inscritas), Descargue y llene el Formulario Solicitud para devolución de tasa por derecho de tramitación (. Las controversias constitucionales son improcedentes: "IX. Explica que el decreto impugnado se elaboró con base en las facultades otorgadas al Congreso del Estado de Veracruz. para instruir el procedimiento respectivo. En dicha iniciativa de reforma constitucional se dijo: "... Las acciones de inconstitucionalidad. Este poder de discreción (generado por la falta de taxatividad) atenta contra el principal mecanismo de control democrático que tienen los ciudadanos sobre sus autoridades: la crítica impopular. Informe Anual 2009. ", 33. Como se dijo, en ello radica el efecto inhibidor generado por la falta de taxatividad de un tipo penal. Explica que dichos calificativos no son cuantificables a priori y por ello no permiten conocer con claridad cuál es la conducta punible. Éstas, que se relacionan con los deberes y responsabilidades especiales que el ejercicio de la libertad de expresión comporta, deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 1) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 2) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas (artículos, d) No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones (artículo, e) Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa, pero únicamente con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos, para la protección moral de la infancia y la adolescencia (artículo, f) Por ley estará prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional (artículo, Entre los rasgos jurídicos que dan cuerpo a estos derechos en la. 134. Por tanto, la falta de enunciación sobre el tipo de información que contiene el precepto en cuestión constituye –en la práctica– una obstrucción a priori de la búsqueda de información. De ahí que, si un tipo penal criminaliza una categoría demasiada amplia de discurso en la circunstancia específica punible, especialmente, si es público, deberá concluirse que sobre ella pesa una presunción de inconstitucionalidad. No escapa a la atención de este Pleno que: (1) el escrito de demanda de los diversos diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz aparece fechado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno,(24) es decir, en un momento en el cual aún se encontraba en funciones la diputada M. de J.M.D. (ponente) y A.M.R.F., presidenta de esta Primera Sala. Además del teléfono principal de atención al cliente puede llamar al siguiente número de teléfono: (01) 614 3636. ", así como al resolver la acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006, en la sesión de 7 de diciembre de 2006, de las que derivó la tesis jurisprudencial P./J. Consulta de Expedientes . Fondo, Reparaciones y C.. Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Añade que existe una amplia posibilidad de utilizar otro tipo de instrumentos que también se vuelven peligrosos, no en función de su finalidad o de su naturaleza, sino por su potencialidad lesiva en manos del autor que crea un riesgo para el sujeto pasivo y disminuye la capacidad de oposición y defensa de la víctima. de L., P.R., A.M., P.D. En esa línea, señala que de manera enunciativa mas no limitativa se pueden considerar armas o instrumentos peligrosos a los martillos, ladrillos, desatornilladores o tenedores, aun cuando su uso ordinario sea lícito; pudiendo también comprender dentro de esta definición otro tipo de sustancias o materiales como pueden ser líquidos inflamables, sólidos inflamables, materiales venenosos o radioactivos, corrosivos u otro tipo de materiales como anestésicos o que causen irritación en las personas. 191. V. particularmente la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 y el C.O.B. De las disposiciones constitucionales y legales antes mencionadas, es posible arribar a las siguientes conclusiones: 36. 19. Exposición de motivos de la reforma impugnada, páginas 6 y 7. , registro de IUS: 2003632, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, página 551, con los siguientes rubro y texto: INTERÉS PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 62. Adicionalmente, se cuenta con información de los proveedores que cumplen buenas prácticas tales como el Certificado Azul, proveniente de la Autoridad Nacional del Agua (ANA); Empresa Segura Libre de Violencia contra la Mujer, proveniente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); y empresas inscritas en el Registro de empresas Promocionales para Personas con Discapacidad, proveniente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 163. Sentencia de 2 de julio de 2004. —Estado Libre y Soberano de Veracruz de I. de la Llave. 95. Caso C.P. … Serie C No. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es el representante legal de ésta y le corresponden las facultades siguientes: ...". de G.V. De este modo, el poder punitivo sólo debe ejercerse en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro. para que dentro del plazo de tres días hábiles, manifestara con qué carácter presentaba el medio de control constitucional de que se trataba y, de ser el caso, se acreditara como diputado integrante de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz. separándose de algunas consideraciones, P.R. Por su parte el verbo amenazar en el Diccionario de la Lengua Española de la RAE tiene cuatro acepciones. Tampoco están debidamente definidos cuáles actos o conductas (palabras, gestos o hechos) rebasan el umbral necesario para ser sancionados penalmente, en perjuicio de la libertad personal. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen límites –como los tiene cualquier derecho humano– dentro de los cuales la propia Constitución y los tratados internacionales identifican, entre otros, el orden público. Desde un punto de vista gramatical, es factible determinar su significado conforme a la Real Academia Española, pues al vocablo "instrumento"(49) le ha atribuido en su primera y segunda acepciones la de "objeto fabricado, relativamente sencillo, con el que se puede realizar una actividad" y como "cosa... de que alguien se sirve para hacer algo o conseguir un fin", así como el diverso vocablo "peligroso"(50) el cual tiene como primera acepción la de "que tiene riesgo o puede ocasionar daño"; se refieren justamente a aquellos objetos y cosas que por su propia naturaleza o la forma en que están creados representan un riesgo de ocasionar daño a las personas. Al respecto señala que un objeto puede ser peligroso por su velocidad, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la corriente eléctrica que conduzca, por su peso o sus dimensiones, por la finalidad con la que es utilizado, o por cualquier otra circunstancia que no es posible determinar a priori. El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. Ello, pues los argumentos expuestos por la Comisión Estatal son equívocos al no existir una contradicción entre las disposiciones cuestionadas y los textos constitucionales y convencionales. Se trata, por lo tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal. Serie C No. ", visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, p. 170, con registro electrónico: 180326; y "TAXATIVIDAD EN MATERIA PENAL. El citado principio se encuentra consagrado como derecho fundamental en los artículos 14, párrafo tercero, de la Constitución Federal(36) y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los señores Ministros Luna Ramos y P.R. Lugar de adopción: Nueva York, Estados Unidos de América. 219, párr. Asimismo requirió al Poder Legislativo del Estado de Veracruz, para que al rendir el informe solicitado enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos del decreto impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las Comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado, en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, y los diarios de debates, y al Poder Ejecutivo, para que enviara el ejemplar de la Gaceta Oficial del Estado donde se haya publicado el decreto controvertido; así como a la Fiscalía General de la República, para que formulara el pedimento respectivo y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, para que, de considerar que la materia de la presente acción de inconstitucionalidad trasciende a sus funciones constitucionales, manifestara lo que a su representación corresponda. Así, la persona destinataria de la norma puede entender con suficiente previsión y de manera simple, obvia y racional, que la agravante del delito de despojo consistente en que dicho actuar delictivo sea cometido por una o más personas portando instrumentos peligrosos, se refiere justamente a aquellos objetos y cosas que por su propia naturaleza o la forma en que están creados representan un riesgo de ocasionar daño a las personas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Acción de inconstitucionalidad 59/2021. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta. Que tiene riesgo o puede ocasionar daño. de L. por consideraciones distintas, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 277, párrafo primero, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 726, publicado en el Periódico Oficial "Plan de San Luis" de dicha entidad federativa el diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. Dicho precedente interamericano, en el párrafo 56 de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas establece lo siguiente: "56. La juramentación del comité provincial de seguridad ciudadana toma juramento el día de hoy. • Contestación al primer concepto de invalidez. minacia, y este der. El señor M.A.P.D. y otros, párrs. El flujo de información de interés público es, por naturaleza, de acceso a todas las personas. Este Pleno estima, en consecuencia, que la limitación impugnada impacta en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues se trata de una medida amplia que interfiere con el ejercicio legítimo de tal libertad. Sentencia de 27 de enero de 2009. 197. Serie C No. exclusivamente por violación a la taxatividad, A.M., P.H. 107; y Caso Mohamed Vs. Argentina. votaron en contra. La garantía de legalidad en materia penal se incumple con una tipificación confusa o incompleta que obligue a los gobernados a realizar labores de interpretación analógica o por mayoría de razón, pues no todos están preparados para realizar esa tarea a efecto de conocer las conductas que les están prohibidas. El citado principio se encuentra consagrado como derecho fundamental en los artículos. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. La señora M.P.H. 228. Fallada el siete de julio de dos mil catorce, por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros G.O.M., C.D., L.R. Por lo que hace al delito de ultrajes a la autoridad, explica que resulta necesaria la existencia de agravantes no previstas en el actual Código Penal, en las cuales la pena debe ser más elevada que el tipo básico; ello precisamente porque se lleva a cabo a través de violencia, por realizarse con armas o por la extrema desventaja. Asimismo, la información a la que alude el delito es relativa a las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos de las instituciones de seguridad pública estatal o municipal; por lo que se trata de información relativa al ejercicio de sus funciones de derecho público, que es precisamente el tipo de información respecto de la cual opera el derecho fundamental en cuestión. Es importante mencionar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 11/2013(140) y 9/2014(141) se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de normas penales de similar contenido(142) referidas al delito de "Halconeo" en los Códigos Penales de Chiapas y Michoacán, concluyendo con su inconstitucionalidad, pues al carecer de la precisiones necesarias como la finalidad que debía perseguirse con la obtención de la información; como el daño que debía producirse con dicha información; como el tipo de información protegida; ni la expresión de elementos que permitieran identificar a la conducta como un abuso del derecho de acceso a la información o de libertad de expresión. ", Al respecto es conveniente recordar que, este Tribunal Pleno al resolver la. Fondo, Reparaciones y C.. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. En otro aspecto, el Diccionario de la Lengua Española de la RAE explica que una agresión(81) –en la acepción que interesa– es acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño; sin embargo, se aclara que ello también se utiliza en un sentido figurado. (115), 187. Explica que el hecho de que sea la autoridad quien –a posteriori– defina si las acciones de los individuos efectivamente son delictivas o no para efectos de la configuración del tipo penal, genera un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión en general, pues tiene un innegable efecto amedrentador; lo que se traduce, en los hechos, en un efecto silenciador. 60. "Del lat. Menciona que como la norma no exige una categoría específica del sujeto activo –salvo que por el arma que utilice o su fuerza destreza produzca lesiones o la muerte del sujeto pasivo– debe entenderse que es un delito que cualquier persona puede cometer. Resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de ocho votos de los señores Ministros Luna Ramos, F.G.S. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "IV. y 7o. y presidente A.M., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su parte atinente al análisis del segundo de los conceptos de invalidez, en relación con el derecho a la información y a la libertad de expresión. Es importante mencionar que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 11/2013(140) y 9/2014(141) se pronunciaron sobre la inconstitucionalidad de normas penales de similar contenido(142) referidas al delito de "Halconeo" en los Códigos Penales de Chiapas y Michoacán, concluyendo con su inconstitucionalidad, pues al carecer de la precisiones necesarias como la finalidad que debía perseguirse con la obtención de la información; como el daño que debía producirse con dicha información; como el tipo de información protegida; ni la expresión de elementos que permitieran identificar a la conducta como un abuso del derecho de acceso a la información o de libertad de expresión. TERCERO.—Se desestima en la acción de inconstitucionalidad 66/2021 respecto del artículo 371 Quinquies del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de I. de la Llave, reformado mediante el Decreto Número 848, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el once de marzo de dos mil veintiuno. 12. Serie C No. El modo de aplicación de estos límites, sin embargo, no puede consistir en excluir el mensaje del conocimiento público. En ese sentido, y tratándose de la fracción impugnada (fracción II), incrementa las sanciones cuando el ilícito se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos. Fallado el veintisiete de noviembre de dos mil trece, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.Z.L. Fondo, Reparaciones y C.. Sentencia de 6 de febrero de 2001. En efecto, derivado de las limitantes que prevé la. 21. Que resulta llamativo o rompe con el orden establecido. 77. En otras palabras, la norma penal no impide la calificación auto-interesada de la autoridad de que cierta información de seguridad pública deba calificarse o no como reservada o confidencial, lo que se acentúa, en el caso concreto, porque dicha calificatoria no necesariamente es puesta al conocimiento ex ante del periodista, quien debe adivinar por sí mismo la decisión de la autoridad de clasificación de la información que pretende comunicar a la población. • Tercer concepto de invalidez. (96) 175. de L. con precisiones, votaron en contra y anunciaron sendos votos particulares. CIDH. Ciertamente el precepto establece una conducta por la cual se sancionará, a saber, amenazar o agredir a un servidor público al momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, y también precisó que por esas conductas les sería aplicable una penalidad de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización diaria; con lo cual se advierte que el legislador persiguió un fin legítimo como lo es proteger el orden público y a los servidores públicos en el ejercicio de las funciones públicas o con motivo de ellas.(83). Al efecto, es ilustrativa la tesis aislada. "Las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa. No obstante, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 41 de la ley reglamentaria de la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que también debe declararse la invalidez por extensión, de la, 253. Las señoras M.E.M. En las acciones de inconstitucionalidad, el ministro instructor de acuerdo al artículo 25, podrá aplicar las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19 de esta ley, con excepción de su fracción II respecto de leyes electorales, así como las causales de sobreseimiento a que se refieren las fracciones II y III del artículo 20. Sin embargo, explica que este tipo no sólo protege a las y los integrantes de dichas instituciones específicamente, sino que protege también a las propias instituciones respecto a su importancia en la estructura del Estado; ello pues estos elementos se ven expuestos en el ejercicio lícito de su trabajo, al advertirse agresiones constantes a las fuerzas del orden sin considerar que sus elementos también son ciudadanos madres o padres de familia, personas con el derecho a su integridad y su desarrollo. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. 145. Por otra parte, el artículo 222 Bis impugnado, establece que además de las penas previstas en el artículo 222, se impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el delito de despojo se realice bajo ciertas circunstancias. A vindeira Cuarta feira (mércores), o coordinador da área internacional da Mesa, Paulo Filgueiras, ... Esta Usted en la Version Xornal Galicia antigua, ir a la Nueva Version 2023...de xornalgalicia.com. El incumplimiento del principio de taxatividad, aplicado en temas de libertad de expresión y acceso a la información,(127) genera el vicio de validez constitucional ordinariamente asociado en la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia, a saber, en la falla de la ley en prevenir con certeza al destinatario, qué tipo de conducta está prohibido. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, alega en su primer concepto de invalidez el tipo penal de ultrajes a la autoridad previsto en artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz describe conductas que son sumamente abiertas, al grado de que será la autoridad ministerial o judicial quien califique –en cada y según su arbitrio– las palabras, expresiones, gesticulaciones o hechos que actualizan las amenazas o agresiones a un servidor público. Lo que el artículo impugnado hace es sancionar con la medida más lesiva –la prisión– un derecho humano, a través de una restricción ilegítima, y a través de un tipo penal poco claro y, además, falto de taxatividad. QUINTO.—Estudio de fondo. 153. Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. 163. Resuelta por unanimidad de nueve votos de los señores M.G.O.M., G.A.C. En vista de lo anterior, menciona que las porciones normativas contenidas en los artículos 371, fracción II y 371, fracciones I, II y IV, no son violatorias del derecho a la libertad de expresión, pues si en el ejercicio de dicho derecho se provoca algún delito o se perturba el orden público, debe atenderse a las restricciones que lleva aparejado dicho derecho. 121 y 123; y Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. Por lo que hace al delito de ultrajes a la autoridad, explica que resulta necesaria la existencia de agravantes no previstas en el actual. Ello, pues el listado de categorías sospechosas no es carácter taxativo, sino de naturaleza enunciativa. Guía Mesa de Partes Digital del OSCE / 05 Guía Mesa de Partes Digital del OSCE / 06. Así, la persona destinataria de la norma puede entender con suficiente previsión y de manera simple, obvia y racional, que la agravante del delito de despojo consistente en que dicho actuar delictivo sea cometido por una o más personas portando instrumentos peligrosos, se refiere justamente a aquellos objetos y cosas que por su propia naturaleza o la forma en que están creados representan un riesgo de ocasionar daño a las personas. con salvedades, Z.L. El señor M.P.R. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Los tipos penales son los que delimitan los hechos punibles. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. y presidente Z.L. Además, indicó que el J. 88, 89, 90 y 91. Es necesario recordar que la labor periodística implica, justamente, buscar, obtener y difundir información. Así, como lo sostuvo este Tribunal Pleno en el precedente aludido, del derecho de acceso a la información se desprenden los siguientes elementos: • Se trata de un derecho que corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que exista una legítima restricción. de L.. También sobre la doctrina del principio de legalidad en su vertiente de taxatividad este Tribunal Pleno de manera similar la. Comuníquese el presente acuerdo a las CC. (109) Lo anterior permite generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, "pues, al estar la información en control del Estado debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo en el establecimiento de restricciones al derecho". ", 147. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. TERCERO.—Legitimación. Acorde a los parámetros anteriormente definidos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que la garantía de exacta aplicación de la ley penal contenida en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, implica que el gobernado debe tener pleno conocimiento de cuándo su conducta (acción u omisión) daña un bien jurídico protegido por el sistema penal y, por tanto, que puede ubicarse en la hipótesis prevista en un tipo penal, con la consecuente sanción a la que se hará acreedor. "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. ...". A continuación, se procederá a analizar la legitimación de los promoventes, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción. Lo anterior, no sólo porque a la infracción corresponda una sanción, sino porque las normas penales deben cumplir una función motivadora contra la realización de delitos, y, para ello, es imprescindible que las conductas punibles estén descritas con exactitud y claridad; pues no puede evitarse aquello que no se tiene posibilidad de conocer con certeza. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos) (Opinión Consultiva OC-5/85, de 13 de noviembre de 1985. 159. No obstante, explica que adicionalmente a dichos preceptos se solicita que la invalidez se haga extensiva a la porción normativa "a quien amenace o agreda a un servidor público" del primer párrafo del. Argumenta que si bien es posible perfilar las acciones que materializan la amenaza –actos o palabras–, el contenido de ésta posee un contenido intrínsecamente valorativo. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PRESENTA EL ESCRITO CORRESPONDIENTE. aggressus, part. de L., P.R., S.M., M.M.I., S.C. de G.V. de Costa Rica. adj. porque el único tema es la incompetencia, L.R. U. t. en sent. En ese sentido, es posible advertir que el treinta y tres por ciento (33 %) de los cincuenta diputados arroja un número total de dieciséis punto cinco legisladores (16.5). Asimismo, el principio 7 establece que, "La carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada.". Ello se hace de modo enfático y directo en la, "no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones", , y de modo más fragmentario pero no menos inequívoco en nuestra. El derecho a la información será garantizado por el Estado"; el primer párrafo del artículo 7o., por su parte, establece que "es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. Serie A No. En ese sentido, si bien la norma no establece expresamente que toda la información sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal se considera reservada, lo cierto es que al únicamente señalar la palabra "información" no permite que una persona que esté buscando información de interés público sepa, ex ante, si aquella es considerada como reservada o confidencial. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. votaron en contra. Depositario: ONU. Serie C No. Esta es una versión notablemente actualizada de Para entender el conflicto de Kosova. de L., por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros G.O.M., C.D., L.R. Legislación y documentos OSCE. En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, ‘en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación’ ... de modo que ‘toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones’ ... . Para ello, visite la página web del evento al que se inscribió haciendo clic aquí. y los señores Ministros P.R. Comete delito informático quien, sin derecho y con perjuicio de tercero: Intercepte, interfiera, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa informático o la información contenida en el mismo o en la base, sistema o red. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión en un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones; incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de tercero, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada sostenida por él, con otra persona o entre otras personas, se le aplicará prisión de uno a ocho años y multa de trescientos a seiscientos días de salario.". Corte I.D.H., C.C.R. B. Legitimación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Sin embargo, este Pleno encuentra que la sola referencia a que la obtención y comunicación de la información se haga sin una finalidad lícita, sin hacer distinción alguna sobre el tipo de acto ilícito o sobre su gravedad, el que se cometa por haber informado de las actividades de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal, claramente constituye un tipo penal abierto. Para calificar a un acto como agresivo se pueden identificar las acepciones siguientes: adj. Aunado a lo anterior, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte observa que si bien lo que el legislador veracruzano pretendía proteger –como lo establece la exposición de motivos– es que con la creciente aplicación de tecnologías se utilicen herramientas para cometer cualquier tipo de conductas que lesionan la seguridad pública, como puede ser la intervención de comunicaciones o el hackeo de bases de datos; lo cierto es que en la legislación penal veracruzana existen otros tipos penales ya existentes con los que se pueden sancionar la intervención de comunicaciones y la extracción de informaciones en bases de datos informáticas.
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